Cambios de cultivo

Enrique Julián Fuentes. Ingeniero Forestal.

El monte siempre fue un refugio al que aferrarse para los habitantes de pequeñas poblaciones, como también fue un yacimiento de empleo sostenible para multitud de familias ligadas al ámbito rural, que desempeñaban su oficio a base de acciones relacionadas con los usos tradicionales.
El éxodo a las ciudades y el abandono paulatino de actividades como la agricultura y la ganadería de montaña, dio paso al incremento paulatino de la masa forestal, que fue colonizando espacios agrícolas en desuso y aumentando, por tanto, el combustible vegetal.
El paso de los años, el abandono del campo y las condiciones meteorológicas adversas, trajeron a su vez una sucesión de incendios forestales cada vez más veloces y destructivos, que arrasaron una inmensa cantidad de superficie forestal, arbolada y arbustiva.
También trajo consigo la aparición de nueva normativa vinculada a la conservación de las especies de flora y fauna silvestre, que se tradujo en aumento de burocracia y restricciones en favor de las especies protegidas y en detrimento del hombre que habita y cuida del territorio.
La huida a la ciudad, contribuyó igualmente a la pérdida paulatina de mano de obra especializada en los núcleos rurales del área de influencia del monte, reduciendo la capacidad de acción sobre el sector forestal y favoreciendo la propagación de la biomasa forestal, allanando el terreno a la continuidad de la masa y a la consiguiente expansión del fuego.
Sea como fuere, comparando los datos de población de numerosas poblaciones y comarcas, en los últimos 50 años se está produciendo una sangría constante de habitantes en el medio rural del interior de España y por ende, de Extremadura.
Las restricciones normativas y la falta de oportunidades para poder desempeñar una actividad profesional en el entorno del lugar de nacimiento, hicieron el resto para dar la puntilla al sector primario en los núcleos rurales de montaña.
La desmesurada legislación vigente y el exceso de proteccionismo, alejado del sentido común, en una gran mayoría de los casos, impiden o retrasan hasta la extenuación, en el mejor de los casos, el desarrollo de actividades y actuaciones plenamente compatibles con nuestro medio rural.
El estado de salud de los montes y sus cultivos agrícolas asociados, es directamente proporcional a la riqueza de un país y a la madurez de sus gobernantes y legisladores.
No tiene ningún sentido, por mucho que así lo refleje la normativa vigente y por mucho valor ecológico que se le presuponga, que se impida el desarrollo del medio rural mediante la prohibición de plantar especies de cultivo agrícola y con clara viabilidad de desarrollo, en sustitución de especies forestales que cualquier verano serán pasto de las llamas debido al abandono.
Será en ese momento, tras un incendio de grandes dimensiones, cuando se produzca un verdadero impacto ambiental y no cuando se sustituyan individuos vegetales sin aprovechamiento alguno, por individuos, también vegetales, convertidos en elementos activadores de la economía y del desarrollo de nuestros pueblos y de su gente.
Resulta francamente complejo sacar adelante un expediente de cambio de cultivo.
Necesitamos alcanzar un equilibrio en el que el sentido común y la madurez en las interpretaciones normativas, ayude a salvar nuestro patrimonio rural y natural. No hay mayor impacto ambiental que ver un terreno arrasado por el fuego y no hay mayor satisfacción que ver gente trabajando en el monte y en sus cultivos.
El cuidado y la gestión de los montes y sus cultivos agrícolas asociados, son conceptos inseparables de la ecología y de la socioeconomía del territorio.
Pretender proteger un monte sin aprovechamiento, impidiendo el desarrollo de cultivos agrícolas que activan la economía, fijan población al territorio e impiden la propagación del fuego, es el mayor error que podemos cometer en los tiempos que corren. Tiempos en los que decenas de miles de hectáreas, son arrasadas cada verano por el fuego sin que apenas hagamos nada por remediarlo.
Y solo un pequeño apunte más; tras el paso del fuego y conforme a la legislación vigente, habrá que esperar 30 años para poder solicitar un cambio de cultivo o uso del suelo. El procedimiento se habrá cumplido de forma correcta, pero no así el sentido común. Abierto queda el debate.